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‘En Galápagos rige un sistema político parecido al feudalismo’, afirma exdefensor del pueblo en las islas, quien denuncia presiones por su labor investigativa

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Porcayomena

Jul 10, 2021

Milton Castillo fue removido del cargo el 2 de julio pasado; cuestionó la investigación de un caso de tráfico de tortugas, también él ha sido cuestionado.

Milton Castillo, quien fue removido de su cargo el 2 de julio pasado. El abogado se desempeñaba como Defensor del Pueblo en Galápagos. Captura de videoconferencia

Milton Castillo cree que su remoción como delegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos se debe a presiones por las acciones que emprendió desde sus funciones para velar por los derechos humanos y de la naturaleza, como su intervención en el caso más reciente de tráfico de fauna protegida en el que se condenó a un policía a tres años de cárcel, pero que, según el abogado de profesión, no se han tomado en cuenta otras líneas investigativas.

El 2 de julio de 2021 se le notificó por el sistema Quipux el cese de funciones por decisión de la vicedefensora del Pueblo. Su cargo es de libre remoción.

¿Cuánto tiempo estuvo usted en el cargo?

Dos años. Desde el 15 de julio de 2019 hasta el 2 de julio de 2021. Pidieron mi remoción, actualmente me encuentro fuera de ese cargo.

¿De qué manera se le notificó, qué se argumentó sobre la remoción y quién tomó la decisión?

La doctora Zaida Rovira (vicedefensora del Pueblo que asumió el manejo de la institución que vela por los derechos humanos). Fue a través de la vía Quipux, el sistema informático del sector público. El motivo fue que mi cargo es de libre nombramiento y de libre remoción, y que depende del titular de la institución que lo nombró.

¿Qué lectura jurídica tiene para usted la notificación de remoción, luego de que el defensor del Pueblo Freddy Carrión emitió el 18 de junio (desde la cárcel donde guarda prisión mientras es investigado por un supuesto abuso sexual) una resolución para destituir a la señora Rovira?

Quiero empezar diciendo, que parece irónico, que le agradezco infinitamente a la doctora Rovira que me haya removido porque eso permite entrar a analizar lo que le voy a decir.

El defensor del Pueblo, cuando ya estaba detenido por los hechos conocidos públicamente, emitió una resolución donde le subrogaba (a la doctora Zaida Rovira) por el tiempo que él había pedido vacaciones. Y en esa subrogación dice expresamente que terminaba la subrogación el 17 de junio del 2021. Y el 17 de junio, Zaida Rovira se adelanta a través de medios de comunicación nacionales diciendo que Freddy Carrión ya había perdido la magistratura ética y que no debería, por lo ético, seguir siendo el defensor del Pueblo. Hasta ese momento no había recibido ninguna petición de que Freddy Carrión haya solicitado alguna cosa, ampliar las vacaciones. Y que en caso le pidiera, ella le negaría. Eso dice públicamente.

Y el día 18, Freddy Carrión recibe la visita de un abogado y, formalmente, así como lo hizo con Zaida Rovira, emite una resolución bajo el mismo mecanismo diciendo que Zaida Rovira ya no es la subrogante y le nombra a Tania Castillo, delegada en aquel entonces para la provincia del Carchi. La nombra como subrogante, pero claro, Zaida Rovira lo que hace es poner en la opinión pública el tema de lo grotesco del comportamiento de Freddy Carrión de ordenar desde la cárcel y destituirla desde la cárcel, en realidad lo único que hace Freddy Carrión es quitarle la subrogación, quitarle el encargo, y darle el cargo a otra persona.

Hay una norma expresa, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es muy clara, que dice que en el caso de una ausencia temporal se designará un defensor subrogante y no a sí misma. Entonces, Zaida no solo le saca de la institución a Tania Castillo, ella se autoimpone el cargo de subrogante (…). Yo pienso que todo este tema tendrá desenlace en estos días, el tema de la legitimidad de quién tiene que estar en la Defensoría del Pueblo.

Yo tengo entendido que la verdadera subrogante sería, en este caso, la doctora Tania Castillo, que no es mi pariente, del Carchi. Sería quien tiene que iniciar las acciones legales. Ella es la subrogante a la cual el doctor Carrión le dio el título, eso es lo que tiene que suceder. Si se confirma esta supuesta arrogación de funciones, todo lo actuado queda nulo.

(Zaida Rovira) tendrá que responder jurídicamente y en ningún caso hay que sacar a la doctora Rovira de la institución porque ella vive de un sueldo, ella vive de eso. Un defensor de derechos humanos no puede perseguir a otro defensor de derechos humanos.

¿Qué acciones desarrollaba en Galápagos y quedó pendiente, dentro de su cargo, cuando fue notificado?

La semana pasada, el día jueves, el 1 de julio o el 30 de junio, el señor juez de la Unidad Multicompetente de Santa Cruz emitió la sentencia por escrito del caso de las tortugas que fueron traficadas y encontradas en el aeropuerto de Baltra el 26 de marzo de este año. En ese proceso yo acudí en representación de la naturaleza por facultad expresa del artículo 30 del Cogep (Código Orgánico General de Procesos) e intenté ser el acusador particular del tema, y el Parque Nacional Galápagos se opuso a que yo sea el acusador particular. Yo dije que había un conflicto de intereses del parque. Porque el principal custodio de las especies es el parque y el primer responsable del tráfico de especies por acción o por omisión.

Entonces pedí ser el acusador particular. Además que cuestioné el accionar de la Fiscalía en ese proceso porque utilizó un procedimiento que no era el mejor para ese tema, desde el punto de vista procesal bien sí habría podido utilizar un procedimiento ordinario, es decir, de más largo tiempo para aportar todas las pruebas necesarias, pero la fiscal del caso, que es la misma fiscal que conoce el tema de la avioneta desaparecida en Isabela, consideró que se debía ir por un procedimiento directo porque había una flagrancia y cuando hay flagrancia a renglón seguido se tiene que ir a un procedimiento directo.

Quien escogió eso fue ella. Atribución legal tiene. Ella escoge qué procedimiento utilizar. Entonces, yo cuestioné que ese procedimiento directo que tiene solamente 20 días para la instrucción fiscal era muy corto, porque desde el punto de vista investigativo se necesitaba hacer varios peritajes. Por ejemplo, uno que es trascendental. El anterior ministro del Ambiente, cuando las tortugas fueron descubiertas en el aeropuerto, emitió varios tuits, el exministro (Marcelo) Mata. En esos tuits, él dice que las tortugas no pudieron haber salido de los centros de crianza, sino que desde la vida silvestre fueron extraídas.

Entonces yo supuse que el Parque Nacional Galápagos iba a actuar bajo esa línea de investigación, bajo esa teoría del caso: demostrar que salieron de la vida silvestre y por lo tanto había que hacer algunos peritajes, pero no pidieron. Yo tuve que pedir.

¿Se los concedieron?

No me los concedieron. Esos peritajes duran bastante tiempo. El peritaje que pedí es un peritaje contable de los centros de crianza de tortugas, para que se vea de los últimos tres años cómo ha sido el nacimiento de los individuos.

Si usted tiene un centro donde nacen tortugas, las crían, etc., queríamos que nos digan cuántos nacieron en el 2018, 2019, 2020 y lo que iba el 2021, pero no presentaron eso, presentaron solamente un informe, por parte de los encargados de los centros de crianza, de lo que fue del 2020 a marzo del 2021 y dijeron esas son las tortugas que hay. Y ese fue el argumento para descartar entonces que desaparecieron de los centros de crianza. Yo a la fiscal le increpé eso y pedí dos cosas: que me consideren como acusador particular y que cambien el procedimiento ordinario, para que se dé más tiempo a la investigación. Y el parque lo que dijo es que yo tenía una actitud insolente y que no puedo ser el acusador particular porque ellos son los únicos privativos defensores de la naturaleza dentro del Régimen Especial de Galápagos y el juez les dio la razón.

¿Qué otras líneas investigativas se pudo abordar?

Dentro de la audiencia de juicio hemos descubierto que había otras personas también, había otras novedades el día en que encontraron las tortugas que fueron reportadas por un empleado de la empresa Ecogal, que había detectado en la maleta de otro pasajero, una maleta de iguales características físicas que la maleta que estaba con las tortugas y le advierte de esa maleta a un funcionario del parque. Y entre el funcionario del parque y este empleado de Ecogal le piden a la aerolínea que baje del avión a la dueña de esa maleta y al bajar del avión le toman fotos a ella, a la cédula de ella, a la maleta, a ella como tal y el contenido de las maletas. Las maletas tenían costalillos, guantes y gorras con el bordado del logo del Parque Nacional Galápagos y ella respondió que era para un familiar. Esta persona debía haber sido llamada a investigarse y no fue llamada. Entonces, dentro del juicio yo les pregunté con mayor profundidad tanto al empleado de Ecogal como al funcionario del parque para que nos hablen del tema y el funcionario del parque dijo: Sí, yo sí le conozco a esta chica, no me acuerdo el nombre. Tengo las fotos en mi teléfono celular y sé que esta chica es hija del señor fulano de tal (que está en el expediente y que tiene que ser investigado) y este señor es dueño de tierras; o aparentemente eso fue lo que dijo. Y lo que sabe la población es que efectivamente el señor es dueño de tierras y de unos ranchos donde hay tortugas. Ranchos que usted puede visitar para deleitarse de la belleza de estos animalitos protegidos.

Era evidente que este hecho debía llamar la atención a la Fiscalía y al parque para que también sea investigado y no lo hicieron. La Defensoría del Pueblo exigió que se lo haga y le pidió al juez que se inicie una investigación en contra de todos los que han omitido esta línea investigativa.

¿Qué hubiese aportado aquello?

En lugar de ser un debate rico para conocer a todos los que le ayudaron al policía que está procesado (el 18 de mayo, un juez sentenció a tres años de cárcel al policía involucrado en el caso de tráfico de especies protegidas, en Galápagos), ya no se hizo, o sea, hay otras personas en la Fiscalía si empezó a investigar y entiendo que ha iniciado un expediente investigativo, pero a mí no me han notificado. (Esas personas) supuestamente visitaban al policía. Yo mismo también pedí a la fiscal que los investigue y le di datos de una persona que se la conocía con el alias de Pokémon, que visitaba permanentemente al acusado.

Entonces iniciaron investigaciones en contra de este otro señor. Si es que en el caso que le menciono de la propietaria de esa maleta no tiene nada que ver en el asunto, se debía descartar en el proceso investigativo, pero por qué se lo descartó en prima facie (a primera vista). Eso lo he denunciado. Y eso ha generado todas las animadversiones en mi contra. Estoy muy preocupado, entiendo que Fiscalía está muy interesada en que a mí me saquen de la provincia de Galápagos por estas cosas.

¿Por qué cree que es así? ¿Se trata solo de este tema?

El 1 de enero de 2020 hubo una audiencia de flagrancia de un presunto delito de abuso sexual en San Cristóbal. Los familiares del detenido, del presunto agresor, que fue detenido solo por la policía sin una orden legal de detención, acudieron a la Defensoría del Pueblo para decirme que su pariente estaba detenido. Fui a buscar a la víctima primero para cerciorarme. No la encontré, no tuve acceso a la víctima. Era el 31 de diciembre que me comentaron esto y me pidieron el abogado y los familiares del detenido que esté presente en la audiencia de formulación de cargos. Fui a la audiencia de formulación de cargos y no había ni fiscal ni juez. Habían salido de la provincia y dentro de la unidad judicial se estaba procesando por teléfono desde Cuenca al ciudadano.

Puse en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría institucionalmente presentó un habeas corpus y la Corte Nacional de Justicia nos dio la razón y dijo que juzgar por teléfono atenta la razón y al derecho, y que se tiene que investigar a los funcionarios judiciales que hicieron eso. La Corte Constitucional luego seleccionó esa sentencia para su jurisprudencia: la Corte Constitucional diciendo que es relevante lo que pasó en Galápagos porque se deben mejorar los sistemas de procesamiento y que es increíble, palabras más, palabras menos, que se haya procesado a una persona por vía telefónica.

Esto sucedió el 1 de enero y el 2 de enero, este mismo fiscal que juzgó por teléfono dio paso a una investigación en mi contra por el supuesto delito de tráfico de influencia que yo habría cometido. ¿En qué circunstancias? Una ocasión, unos ciudadanos de Santa Cruz me denunciaron, así como muchos otros, que el notario de Santa Cruz cobra tasas sobre los valores que le permite el Consejo de la Judicatura.

Entonces yo acudí con los perjudicados a la notaría y le pedí una explicación al notario de por qué cobra lo que está cobrando, porque tengo atribución para eso como defensor del Pueblo, se llama gestión oficiosa, que está en el artículo 6 de la ley. ¿Sabe qué pasó? Que este señor me puso una denuncia por el supuesto tráfico de influencias. Entonces, el fiscal activó esto y, en paralelo, tanto el fiscal como los que le defendían al juez -que juzgaron por teléfono- le persuaden a la presunta víctima de ese abuso sexual para que ponga en mi contra como defensor del Pueblo unas medidas de protección, diciendo que ella en la audiencia se sintió violentada psicológicamente por el defensor del Pueblo. Y pusieron unas medidas de protección ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de San Cristóbal, que fueron concedidas.

Y la jueza de San Cristóbal, que ahora está suspendida tres meses porque dejó libres a los procesados en un tema de drogas, esa misma jueza consideró que yo sí era un violentador psicológico de una víctima por haber intervenido como delegado en este debido proceso y ratificó las medidas. Tres veces le he pedido a esa jueza de que revise esas medidas y ella se ha negado a revisar esas medidas, hasta que tuve que recursarla y está recusada . Es lo que pasa dentro de Galápagos. Y entonces hoy estoy viendo documentos que provienen de la Fiscalía de todas estas cosas que serían las causales por las cuales a mí me están diciendo que no debería seguir siendo el defensor del Pueblo en Galápagos.

Pero no importa, me voy a defender en el escenario que sea, más bien yo lo que pido es que Fiscalía siga profundizando en las investigaciones si es que cree que hay algún delito de eso, yo no tengo problema.

Usted dice que la Fiscalía está interesada en que lo saquen de Galápagos, ¿en qué lo sustenta, teme que lo expulsen de las islas?

Este tema también ha sido motivo de interpelación de mi parte, el sistema migratorio de Galápagos debe de ser investigado a profundidad porque en muchos casos ha terminado siendo una herramienta de persecución ante personas que trabajan honradamente y que son expulsadas. De hecho, la Defensoría del Pueblo me quitó ya mi condición de residente temporal y yo estoy presentando hoy (7 de julio pasado) una acción de protección para pedirle un juez que me proteja, porque yo debería cambiar mi condición migratoria a turista para poder seguir dentro de las islas, porque ya la institución no me patrocina.

Zaida Rovira cuando decide sacarme atropella completamente mis derechos y me pone una situación en la que yo puedo ser expulsado de Galápagos porque la condición de turista impide que usted haga una actividad económica, no puede hacer una actividad económica. Y yo soy un abogado que vive de su profesión y he vivido de mi sueldo honradamente. Tengo la obligación moral y legal de devengar cada centavo y, como yo valoro cada centavo que me gano, entonces hago mi trabajo con la misma pasión y responsabilidad.

¿Cuáles son sus planes en las islas?

Mire, yo voy a estar aquí todo el tiempo que sea necesario para defenderme y también voy a utilizar todos los argumentos legales para seguir aquí, porque hice un proyecto de vida cuando me nombraron delegado. Si tengo, como de hecho ya ha habido, algunas insinuaciones que todavía no he aceptado de trabajar para alguna institución o empresa, lo haré. Hay grupos de ambientalistas que me respaldan, que están preguntando por qué a mí como defensor de la naturaleza me están atacando. La gente me tiene aprecio y yo pienso seguir aquí con la frente en alto trabajando.

Y si es que las cosas empiezan a ponerse incómodas o riesgosas, yo pediré la protección de la Policía y tendré que hablar con el presidente de la República para que sepa lo que está pasando verdaderamente en Galápagos, porque hay un tema que me llama la atención. El señor ministro del Ambiente nuevo ratificó al mismo director del parque. Y el anterior ministro del Ambiente le había pedido a la Defensoría del Pueblo que me remueva de mi cargo, a propósito de todos estos temas que yo me he metido a investigar. El doctor Mata pidió que me remuevan de mi cargo y el nuevo señor ministro, que no ha tenido nada en mi contra, y que señala que va a haber una renovada actividad en Galápagos, a pesar de que conoce del tema de las tortugas y todo lo oscuro del tema, sigue manteniendo al señor director del parque.

Bueno, lo único que pido es que se investigue a profundidad, que se ponga en el debate nacional el tema de este juicio de las tortugas. Si es que el defensor del Pueblo tiene que irse a la cárcel, me refiero a mí, por haber puesto en tela de duda la honorabilidad de funcionarios del parque, de la fiscal, yo me iré, no tengo problema en eso; pero, por favor, investiguemos.

Los casos de tráfico de especies han sido recurrentes en Galápagos. En 2017, 2018 y ahora en 2021. EL UNIVERSO reveló una de las rutas de tráfico de especies: Galápagos-Guayaquil-Piura-Lima, manejada por un ciudadano chino en complicidad con varios pescadores, según una fuente; y, un hallazgo de dos tortugas en un tacho de basura del aeropuerto de Guayaquil que no fue denunciado por las autoridades de turno del Ministerio del Ambiente.

Galápagos también está en la mira de personas que estarían beneficiándose de la pesca incidental y la descomunal flota china.

Por ejemplo, sobre la presencia de los barcos chinos en Galápagos, en ese tema, la Defensoría del Pueblo también se pronunció. De hecho, antes de que lleguen los barcos chinos, yo ya preveía lo que se tenía que hacer. En julio del año anterior, la Defensoría, este defensor fue el único funcionario público que hizo algo jurídico para la presencia de los barcos chinos.

La acción que nosotros hicimos fue poner ante la Fiscalía la petición de un acto urgente, que consiste en pedir que la Fiscalía vaya con la Armada Nacional, con expertos en el tema y amparados en el Código Integral Penal, en el Convenio de Nueva York, en la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), para que inspeccione las bodegas de los barcos chinos, porque existe un antecedente del Fu Yuan Yu Leng, del 2017, cuya tripulación fue procesada porque fue encontrada en la reserva marina y tenía tiburones martillo con el resto de su pesca, y se los procesó por el delito de afectación a la flora y la fauna.

Entonces, las especies protegidas, los animales, la naturaleza son sujetos de derecho, de acuerdo a la Constitución tenemos que hacer valer ese principio constitucional, anclado a estas otras normas, como convenios internacionales, legislación local penal. Tenemos que intervenir porque tenemos derecho a inspeccionar todos y cada uno de los barcos chinos. Ellos no pueden negarse porque los tratados protegen también a las especies Y entonces sí se puede ir a investigar cada barco, pero no lo han hecho.

En este año, lo que sugerimos es que actúen como enhorabuena están actuando, aplicando el Convenio de Nueva York, haciendo este un tema diplomático y, si es necesario, y si no hay la claridad suficiente, ellos pueden con Fiscalía, con Cancillería, con la Armada inspeccionar los barcos chinos.

¿Pese a estar en aguas internacionales?

Pese a que estén en aguas internacionales porque existe un principio: los derechos de la naturaleza no reconocen fronteras. Yo sostengo jurídicamente que el Ecuador al tener una legislación protectora que considera a la naturaleza un sujeto de derecho, las especies protegidas que no reconocen fronteras deben tener la nacionalidad del país que las protege. Que estén en aguas internacionales no significa que no son sujetos de derecho, que no deben ser protegidos, porque para eso hay convenios internacionales también de protección de estas especies. Entonces, el principio de extraterritorialidad sí es aplicable, amparados en otro principio, el de la universalidad de los derechos de la naturaleza. Todo es cuestión de voluntad política porque las normas sí existen.

¿Qué podría implementarse para fortalecer ese control y dar mayor presencia del Estado en las islas en el ámbito de justicia, por ejemplo?

Galápagos debería de tener una fiscalía ambiental, debería de haber una pequeña reforma legal o una normativa en donde al conocerse un delito ambiental, se informe a la Procuraduría, al Parque Nacional Galápagos y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan. Entonces, ahí hay más ojos, cuando hay más ojos, menos corrupción puede haber, eso es lo que yo creo.

Esos ojos adicionales podrían ayudar a combatir posibles casos de impunidad.

Yo he dicho que lo contrario a la democracia no es la tiranía, lo contrario a la democracia es la impunidad. A eso hemos estado acostumbrados aquí en Galápagos, a que los funcionarios sean de ciclo corto y si hay algún funcionario que molesta la estructura de poder, sale. Porque en Galápagos hay una democracia muy débil, la estructura política más parecida a lo que pasa en Galápagos es el feudalismo que a la democracia (…). Hay que fortalecer la democracia, porque con democracia débil, la impunidad es más grande.

Fuente: Diario El Universo

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/en-galapagos-rige-un-sistema-politico-parecido-al-feudalismo-afirma-exdefensor-del-pueblo-en-las-islas-quien-denuncia-presiones-por-su-labor-investigativa-nota/

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